El presidente Gustavo Petro derogó el decreto del Código de Policía que prohibía la posesión, tenencia, entrega, distribución y comercialización de drogas o sustancias prohibidas en espacios públicos, según lo establecido por la norma 1844 del 2018. Esta medida otorgaba facultades especiales a la Policía para combatir el microtráfico de estupefacientes.
La revocación de esta normativa ha generado debates sobre sus posibles implicaciones en la seguridad pública y la lucha contra el tráfico de drogas en las ciudades. Mientras algunos opinan que esta decisión del presidente podría tener un impacto positivo en la descongestión del sistema judicial y en enfoques más centrados en la rehabilitación, otros expresan preocupación por el posible aumento del microtráfico y sus consecuencias para la seguridad ciudadana.
El decreto recién firmado toma en consideración diversos elementos, como la cantidad de estupefacientes para uso personal, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la protección del derecho a la salud según el artículo 49 de la Constitución Política.
Además, se destaca la necesidad de evitar la criminalización de personas consumidoras de drogas mediante medidas correctivas y de dirigir los esfuerzos institucionales hacia la lucha contra la oferta de sustancias psicoactivas y las estructuras de crimen organizado dedicadas al microtráfico y narcotráfico.
La derogación de este capítulo busca armonizar las obligaciones del Estado, el cumplimiento de convenciones internacionales en materia de drogas y los derechos fundamentales consagrados en la Constitución de 1991.
Este nuevo enfoque también busca abordar el microtráfico y narcotráfico como fenómenos transnacionales, redirigiendo los esfuerzos institucionales hacia la oferta de las estructuras del crimen organizado.
El pasado 22 de noviembre, el presidente Gustavo Petro celebró a través de sus redes sociales los logros en la lucha contra las drogas durante su gobierno. Destacó las contundentes incautaciones de cocaína realizadas en el año en curso.
Según el mandatario, entre el 1 de enero y el 16 de noviembre de 2023, las autoridades incautaron 649.2 toneladas de cocaína, un 9% más que en el mismo periodo de 2022. Además, se decomisaron 890.8 toneladas de hoja de coca, un 46% más que el año pasado, durante el gobierno de Iván Duque.
Petro afirmó en su cuenta de Twitter: «No solo superamos de lejos la incautación de droga del anterior gobierno en su primer año, sino también en todos los años de su gobierno. Van casi 650 toneladas de cocaína incautada». Publicaciones frecuentes muestran los operativos ejecutados por las autoridades para combatir este flagelo.
ENFOQUE ANTIDROGAS EN COLOMBIA
El gobierno colombiano insiste en avanzar hacia una nueva política antidrogas que vaya más allá de la represión de la producción y el consumo, considerada como una estrategia fallida en la lucha contra el narcotráfico. Como primer gobierno de izquierda en la historia del país, critica la guerra antidrogas que ha perdurado medio siglo con la financiación millonaria de Estados Unidos.
Bajo el nombre de «Sembrando vida desterramos el narcotráfico», los ministros de Justicia, Néstor Osuna, y de Defensa, Iván Velásquez, presentarán en los próximos días una nueva política para la década 2023-2033. Se centrará en dos áreas: la «asfixia» para desarticular y reducir la influencia y capacidad de las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, y el «oxígeno» para los pequeños campesinos, promoviendo la transformación de sus tierras en economías lícitas y alternativas.
