El Consejo Nacional Electoral (CNE) formuló pliego de cargos contra el presidente Gustavo Petro y contra su gerente de campaña Ricardo Roa por presunta violación de topes en la financiación de la campaña Petro Presidente 2022.
Con una votación 7 a 2, los magistrados acogieron la ponencia de Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada qué pide investigar la posible violación de topes por cerca de $5.300 millones de pesos.
La investigación que llevó a cabo el CNE, dirigida por el magistrado del Partido Liberal Benjamín Ortiz y del uribista Centro Democrático Álvaro Hernán, y que según el presidente “no tiene fuerza vinculante”, concluyó que la campaña de Petro sobrepasó los límites en más de 5.300 millones de pesos y que además recibió aportes de personas jurídicas, algo prohibido explícitamente por la ley electoral.
De esa forma, durante la primera vuelta supuestamente se sobrepasó en 3.700 millones de pesos (888.650 dólares) y hubo siete violaciones, entre ellas que se habría omitido reportar un aporte por 500 millones de pesos (120.000 dólares) del principal sindicato de educación, FECODE y otro aporte del mismo monto del partido Polo Democrático que hace parte de la coalición gobernadora.
Entre las irregularidades se menciona a Xavier Vendrell, un político catalán investigado por su implicación en el ‘procés’ catalán y cercano a Gustavo Petro, específicamente por no haber declarado el pago a los testigos electorales durante la campaña.
Vendrell, exconseller de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), participó en la campaña de Petro como responsable de los testigos electorales y estratega. Se ha señalado que sigue vinculado al gobierno de Petro, lo cual el presidente ha negado, afirmando que no existen contratos vigentes con el expolítico catalán.
Durante la segunda vuelta electoral también se habrían superado los topes en 1.600 millones de pesos y se habrían cometido cinco violaciones.
Entre las violaciones, además de que no se reportaron los pagos a testigos electorales gestionados por Vendrell, tampoco se habría reportado el costo total del alquiler del centro de eventos Movistar Arena en Bogotá, que se usó por Petro para celebrar los resultados de la segunda vuelta electoral y que costó 250 millones de pesos (casi 60.000 dólares) y solo se reportaron 150 millones (36.000 dólares).
VOTACIONES
Tras un par de aplazamientos por rotación del expediente y en medio de un recurso que presentó la defensa del hoy presidente Gustavo Petro, la mañana de este martes la sala plena del CNE acaba de votar la ponencia con 6 votos a favor.
Se estableció en primicia que los magistrados César Lorduy (Cambio Radical), Maritza Martínez (partido de la U), Alfonso Campo (Partido Conservador), Cristian Ricardo Quiroz ( Alianza Verde), Benjamín Ortiz (Liberal) Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), y Althus Baquero, acaban de aprobar la ponencia en donde se pide apertura de investigación y formulación de pliego de cargos.
Además de Roa Barragán, como gerente de la campaña y del presidente Gustavo Petro, en calidad de candidato, la investigación administrativa incluye a Lucy Aidee Mogollón Alfonso, en calidad de tesorera; María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez, como auditores.
CIFRAS QUE NO CUADRAN
En los libros contables no aparecen 500 millones de pesos que obedecen al aporte de la Federación de Trabajadores de la Educación (Fecode), que la Colombia Humana ha dicho que se redireccionó a sus arcas.
En las cuentas de los magistrados investigadores también se contabiliza un préstamo hecho por el Polo Democrático por otros 500 millones de pesos.
A esa cuenta le están sumando, además, el pago a testigos electorales por un valor de 931’290.000 pesos. Sobre este punto, la defensa de la campaña ha sido enfática en que esos pagos no se deberían considerar como gastos electorales por ser posteriores.
El no registro de propaganda electoral es otro de los acápites de la investigación. En este punto se habla de haber omitido cuentas por 356’102.000 pesos.
Sadi y la USO
En la suma hay otros gastos menores, pero uno de los de mayor cuantía está relacionado con pago de servicio de transporte aéreo vinculado con la empresa Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi SAS) por 1.249 millones de pesos. Esta firma está vinculada a Carlos Restrepo, ‘Caco’, El piloto se entregó en Estados Unidos por narcotráfico.
También se menciona un aporte del poderoso sindicato de la USO. Pero, al contrario de lo que se ha venido indicando, se habla de 121 millones de pesos y no de 1.030 millones de pesos como lo aprobó el acta de ese sindicato.
Además aparece el alquiler del coliseo Movistar Arena para la celebración de la victoria que costó 250 millones y solo reportaron 100 millones de pesos.
A través de redes el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el archivo de la investigación por publicidad anticipada en el evento en Barranquilla en el que apareció el entonces candidato en una tarima en forma de ‘P’ y de paso habló sobre la investigación en la que se le formularon cargos: «(…) De esta misma manera está hecha la nueva ponencia, acusando a nuestra campaña de hechos falsos: sumando gastos de hechos por fuera de la campaña, trastocando permisos de vuelo por horas de vuelo que es muy diferente, transformando aportes de sindicatos a partidos como si fueran a campañas, sumando facturas de dos fases diferentes legalmente de la campaña para hacer sobrepasar los topes en una fase«.
