La reciente decisión del Consejo de Estado de prohibir la transmisión obligatoria de los consejos de ministros en canales privados de televisión abierta marca un precedente fundamental en la defensa del derecho a la información. Lejos de ser un simple ajuste técnico, este fallo es un llamado de atención frente a una preocupante práctica del Gobierno: monopolizar la narrativa pública.
La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo fue clara al señalar que imponer la transmisión de estos eventos suprime la posibilidad de que los ciudadanos accedan a una información plural, objetiva, veraz y oportuna, pilares esenciales de cualquier democracia. El problema no está en informar, sino en imponer una sola versión de los hechos, en horarios de alta audiencia, desplazando contenidos culturales, recreativos y noticiosos que también son necesarios para una sociedad equilibrada.
Transmitir de forma simultánea los consejos de ministros en todos los canales de televisión abierta no solo limita la libertad de elección del espectador, sino que convierte la información gubernamental en una especie de cadena nacional disfrazada. Obligar a la ciudadanía a consumir únicamente el discurso oficial atenta contra la libertad de expresión, uno de los derechos más frágiles y valiosos de toda democracia.
El Consejo de Estado recordó que el derecho a la información debe ejercerse de forma libre, no impuesta. Por eso, se permite su difusión en canales públicos como Señal Colombia y Señal Institucional, cuyo propósito es precisamente el de comunicar los asuntos del Estado. Pero extender esta obligación a medios privados y regionales es cruzar una línea peligrosa, que abre la puerta a una forma encubierta de control mediático.
Es vital que los ciudadanos tengan acceso a múltiples voces, especialmente en tiempos de polarización. Cuando el poder se toma los medios, lo que está en riesgo no es solo el equilibrio informativo: es la salud de la democracia misma.
Ante la decisión del Consejo de Estado, el primero en manifestar su inconformidad fue el Ministro del Interior Armando Benedetti, quien anunció a través de cuenta en X que tal fallo será impugnado.
«No se alegren tanto. La decisión de no transmitir los consejos de ministros será impugnada. Una tutela no puede ir en contra de la Ley 182 de 1995», expresó el jefe del gabinete de gobierno a través de sus redes sociales.
Y continuó diciendo «Por una ciudadana que deba apagar el televisor, no se puede privar a millones de personas de que se enteren de las decisiones del Ejecutivo».
Finalmente indicó que «por la trascendencia de este fallo, pediremos que la impugnación se resuelva en la sala plena del Consejo de Estado».
