La justicia colombiana dio un paso contundente este 7 de mayo al ordenar la detención de dos figuras clave del Congreso: el senador Iván Name, exlíder del Senado por el partido Alianza Verde, y el representante Andrés Calle, del Partido Liberal, quien presidió la Cámara.
Ambos están siendo señalados por su presunta participación en una red de corrupción que habría operado al interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), una entidad estatal cuyo propósito es atender emergencias, pero que terminó siendo epicentro de un escándalo político y financiero.
La decisión fue tomada por la Corte Suprema de Justicia tras analizar un amplio conjunto de pruebas que incluyen declaraciones juradas, documentos financieros y testimonios que comprometen directamente a los dos congresistas en el desvío y uso indebido de millonarios recursos públicos.
Una red que se tejió desde lo más alto del poder–
La investigación se remonta al segundo semestre de 2023, cuando la UNGRD firmó un contrato para la adquisición de 40 carrotanques. A simple vista, se trataba de una compra para enfrentar crisis de agua en zonas vulnerables. Sin embargo, lo que parecía una gestión estatal terminó por destapar una red de intereses ilegales.
Según testimonios entregados ante la Fiscalía General por Olmedo López, exdirector de la entidad, y Sneyder Pinilla, quien fue su subdirector, este contrato fue manipulado para desviar recursos a manos de ciertos congresistas. Ambos funcionarios coincidieron en que parte de esos fondos terminaron en los bolsillos de Name y Calle, a través de sobornos encubiertos en supuestos “apoyos logísticos”.
La confesión que rompió el silencio: Sandra Ortiz y los $3.000 millones
Un nuevo capítulo del caso se abrió cuando Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, aceptó colaborar con la justicia y detalló su papel en esta red de corrupción. Apodada ahora por los medios como “la mensajera”, Ortiz confesó que ayudó a gestionar y entregar $3.000 millones destinados a Iván Name.
El dinero, según su declaración, no solo buscaba gratificar al senador, sino asegurar la elección de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional, un cargo que efectivamente ocupa hoy. Esta revelación pone bajo la lupa también el proceso de selección de altos jueces en Colombia y el presunto uso de recursos ilegales para influenciar decisiones del Estado.
Lo más delicado es que, según Ortiz, el dinero no fue entregado directamente al senador, sino a su hijo, Iván Leonidas Name Ramírez, lo cual podría abrir una nueva línea investigativa por posible participación de terceros y complicidad familiar.
Golpe al Congreso y terremoto político
El anuncio de las capturas sacudió de inmediato el panorama político colombiano. Tanto el Congreso como los partidos de los implicados han tratado de tomar distancia del caso, emitiendo comunicados en los que aseguran que respetan las decisiones judiciales y rechazan cualquier acto de corrupción. Sin embargo, el daño a la imagen del poder legislativo ya está hecho.
Organizaciones de la sociedad civil y líderes de opinión han pedido que se avance sin dilaciones en el proceso y que se garantice justicia plena, caiga quien caiga. Para muchos analistas, este caso pone en evidencia cómo las instituciones, pensadas para servir al ciudadano, han sido capturadas por intereses particulares y redes clientelistas.
¿Qué delitos se investigan?
La Corte Suprema evalúa cargos por cohecho, concierto para delinquir y posiblemente enriquecimiento ilícito. La gravedad del caso ha llevado a que se contemplen también implicaciones por tráfico de influencias y uso de información privilegiada para favorecer decisiones políticas.
En paralelo, la Fiscalía trabaja con un paquete de pruebas que incluyen grabaciones, documentos bancarios, registros de mensajería y transferencias que confirmarían la ruta del dinero desde los contratos de la UNGRD hasta las cuentas o intermediarios asociados a los dos congresistas.
¿Qué viene ahora?
El proceso apenas comienza. Las órdenes de captura emitidas no solo marcan un hito judicial, sino que podrían desembocar en nuevas revelaciones, pues los principales testigos siguen colaborando con la justicia y no se descarta que más nombres de peso salgan a la luz.
Colombia observa con atención este proceso, en un momento en que la ciudadanía exige mayor transparencia y sanciones ejemplares a quienes traicionen la confianza pública. El mensaje es claro: ningún cargo, por alto que sea, puede ser escudo para la impunidad.
