El juicio que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal avanza hacia su recta final. Esta semana, la defensa encabezada por el abogado penalista Jaime Granados presentó sus alegatos de conclusión, en los que expuso, de manera detallada, los argumentos jurídicos y probatorios por los cuales, según ellos, el expresidente debe ser absuelto.
A continuación, hacemos un resumen completo y estructurado de los puntos más relevantes que presentó la defensa.
1. Reconocimiento a la jueza y a la conducción del juicio
Granados sorprendió en su intervención inicial al reconocer la imparcialidad de la jueza Sandra Liliana Heredia, a pesar de que en el pasado había manifestado dudas sobre su objetividad. El abogado destacó que la magistrada condujo el juicio de manera “ordenada, concentrada y dinámica”, lo cual, según él, ha permitido un ejercicio serio de valoración de las pruebas.
Este gesto fue interpretado como una estrategia para fortalecer el carácter técnico y jurídico de la defensa, evitando cualquier alegación futura de parcialidad por parte del juzgado.
2. La línea central de defensa: desvirtuación de los cargos
El doctor Granados fue enfático en señalar que durante el desarrollo del juicio no se ha demostrado que Álvaro Uribe haya dado instrucciones, directas o indirectas, para manipular testigos o para inducir a alguien a cometer un delito.
Calificó la acusación de la Fiscalía como una “promesa incumplida”, haciendo referencia a que, después de cuatro años de investigación y más de 45 sesiones de juicio oral, no existe prueba alguna que demuestre la existencia de dolo directo por parte de Uribe.
El abogado sostuvo que lo único que hubo fue un interés legítimo por verificar las versiones que lo involucraban con grupos paramilitares, pero nunca una intención de alterar la verdad judicial.
3. Verificación de versiones, no manipulación de testigos
Un tema central de la defensa fue insistir en que todas las acciones emprendidas por Álvaro Uribe y por personas cercanas a él, como su exabogado Diego Cadena y el excongresista Álvaro Hernán Prada, tuvieron como único propósito verificar versiones y esclarecer la verdad.
Granados argumentó que las visitas a exparamilitares como Juan Guillermo Monsalve o Carlos Enrique Vélez no tenían como fin ofrecer dádivas o beneficios, sino indagar por la veracidad de las declaraciones que involucraban a Uribe con el paramilitarismo.
La defensa reiteró que jamás hubo sobornos ni ofrecimientos ilegales a cambio de modificar testimonios, y que las pruebas presentadas por la Fiscalía son, en muchos casos, interpretaciones subjetivas de hechos que carecen de sustento jurídico sólido.
4. Contexto político: ¿Un caso de ‘lawfare’?
La defensa de Uribe no desaprovechó la oportunidad para recalcar el componente político que, según ellos, ha tenido este proceso judicial desde el inicio.
Granados señaló que este caso forma parte de una estrategia de ‘lawfare’, término que se refiere al uso del aparato judicial para perseguir adversarios políticos. Según su interpretación, el expresidente ha sido víctima de un proceso “politizado” que ha servido a ciertos sectores para minar su imagen pública y desgastarlo políticamente.
La defensa comparó este caso con otros procesos internacionales donde líderes políticos han enfrentado persecuciones judiciales con fines electorales o ideológicos.
5. Insistencia en la valoración objetiva de la prueba
Durante sus alegatos finales, el abogado Granados hizo un llamado enfático a la jueza para que la valoración de la prueba se haga con estricta sujeción al derecho y a los hechos, sin sesgos de ningún tipo.
Pidió que se analice el proceso con base en los principios de presunción de inocencia y que se valore que, a su juicio, no hay una sola prueba directa que vincule a Uribe en la comisión de los delitos imputados.
Además, recordó que la responsabilidad penal es individual y que en ningún momento Uribe emitió órdenes que derivaran en delitos por parte de terceros.
6. Cronología breve del caso
- 2012: Álvaro Uribe presenta denuncia por supuesta manipulación de testigos en su contra.
- 2018: La Corte Suprema de Justicia inicia investigación formal contra Uribe.
- 2020: La Fiscalía asume el caso tras la renuncia de Uribe al Senado.
- 2023-2024: Fase de juicio oral con decenas de testimonios y pruebas.
- 2025: Conclusión del juicio y alegatos finales por parte de la Fiscalía y la defensa.
7. Qué sigue en el proceso
Tras la finalización de los alegatos de conclusión por parte de la defensa, el caso queda listo para que la jueza Sandra Liliana Heredia proceda a emitir su decisión.
Se espera que en las próximas semanas se conozca la sentencia, la cual podría marcar un hito histórico en la justicia colombiana al tratarse del primer proceso penal que enfrenta un expresidente de la República en calidad de acusado.
8. Conclusión general
El cierre de los alegatos deja claro que la defensa de Álvaro Uribe apuesta todo a tres pilares:
- La ausencia de dolo o intención criminal.
- La legalidad de las acciones emprendidas para verificar versiones.
- La existencia de un contexto político que, según ellos, ha contaminado el proceso desde el principio.
El país ahora espera el desenlace de uno de los juicios más mediáticos y polémicos de la historia reciente.
